Las cuentas de Isidra Llanos no cuadran. Empezó a trabajar como interna en una casa de Xochimilco, en Ciudad de México, a los 14 años. Trabajó 16 horas diarias (la mayoría de semanas sin ni siquiera tener libre los domingos) durante casi tres décadas. Después cumplió jornadas de 12 horas de lunes a sábado limpiando viviendas en la capital. Ahora, con casi 60 años, todavía está empleada un par de días al mes. Sin embargo, Isidra no recibe una pensión, ninguna ayuda del Gobierno mexicano, tampoco tiene derecho a atenderse en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Para el Estado, las manos pequeñas y los pies rápidos de Isidra Llanos no han trabajado nunca.
Como ella hay otras 2,3 millones de trabajadoras del hogar en México sin acceso a la seguridad social. Pero no solo, hay 318.000 trabajadoras agrícolas también excluidas, hay 800.000 empleadas en maquiladoras con trabajos informales y hay 92.000 conductoras y repartidoras de plataformas digitales desprotegidas. Es 2026 y en México las mujeres trabajadoras deben seguir peleando por tener un contrato, vacaciones, acceso al sistema médico, y un salario igualitario; deben sobrevivir al acoso sexual de compañeros y empleadores, y, además, tienen que cuidar, a sus hijos, a sus padres, a sus parejas. Ante este panorama desgastante, las mujeres han hallado algo: es en la lucha compartida donde está la salida.
Por eso, unos 20 colectivos de cuatro áreas altamente precarizadas (el sector de cuidados, el agrícola, el de indumentaria y plataformas digitales) se han incorporado a la red Unidas, que está apoyada por OXFAM México, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Fundación Avina y Ethos Innovación en Políticas Públicas. Desde el año pasado, en la red se acompaña a las mujeres, se investigan sus condiciones y se preparan las exigencias al Gobierno y al sector privado. Algunas son transversales: urgen más inspecciones de la Secretaría del Trabajo y urge brindar más información a las trabajadoras sobre sus derechos, sobre qué pueden hacer cuando son vulneradas. “También hay que mejorar los sistemas de acceso al IMSS, los protocolos de prevención de la violencia, de atención a quejas y denuncias, también mejorar el sistema de guarderías”, apunta Verónica Rodríguez, socióloga y consultora de Fundación Avina: “En general es la necesidad de cambiar esta visión de que en ciertos trabajos la explotación está interiorizada en la sociedad”.
